La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, no cree que los recortes que el Gobierno prevé aplicar en algunas de las ayudas para compra y promoción de viviendas protegidas durante los próximos dos años vayan a tener una "incidencia determinante" en la promoción de nuevas viviendas ni en la recuperación del mercado. De este modo, niega que supongan un 'tijeretazo' presupuestario para las comunidades autónomas.
En una entrevista a Europa Press, Corredor responde tanto a los promotores, que han advertido de que las medidas supondrán un paso atrás en la recuperación del sector, como a los consejeros autonómicos de vivienda, que las criticaron por suponer, en su opinión, un nuevo recorte en los derechos sociales.
La ministra de Vivienda sostiene que "los recortes no suponen abandonar el apoyo a la promoción de VPO en compra". Del lado de los compradores, recuerda que se mantiene su precio tasado, los precios convenidos para su adquisición, y además se añade la posibilidad de que los préstamos cubran el 90% de su valor. Por el lado de la promoción, Corredor explica, por ejemplo, que la entidad pública de suelo SEPES tiene 1,5 millones de metros cuadrados de suelo en desarrollo para albergar alrededor de 12.000 viviendas protegidas.
Mensaje de tranquilidad a las CCAA
Además, el ajuste contempla la eliminación desde 2010 de la Reserva de Eficacia, que permitía a las comunidades autónomas financiar la superación de los objetivos marcados anualmente en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012. Al respecto, Corredor recuerda que su Ministerio ha venido financiando aquellas políticas de vivienda desarrolladas por las comunidades autónomas que se corresponden con los objetivos del PEVR "desde una perspectiva del Estado".
En este sentido, la ministra de Vivienda aseguró que no faltará financiación en materia de vivienda en las comunidades autónomas siempre que éstas sepan priorizar el gasto. "La menor disponibilidad presupuestaria en el Ministerio de Vivienda no va a suponer necesariamente una pérdida de presupuesto, puesto que cada comunidad tiene, antes y ahora, la competencia exclusiva y, por lo tanto, la obligación de financiar la política de vivienda".
Más alquiler y rehabilitación
Así pues, Corredor deja claro que ni se interrumpirá la recuperación del sector ni se dejará en la estacada a las CCAA y, sin embargo, se aprovechará la coyuntura para dar nuevos pasos hacia el reequilibrio del sector. "Las medidas son equilibradas e incidirán lo menos posible en la recuperación del mercado, pero con las prioridades que el Gobierno se ha marcado", afirmó en referencia al impulso del alquiler y la rehabilitación.
'Aún no se puede definir exactamente el ajuste que se va a tener que asumir'"Hemos empezado por valorar el recorte medio del 15% que tiene que acometer cada ministerio para alcanzar un déficit del 3% en 2013 y hemos tenido que seleccionar las partidas que pesan lo suficiente en el presupuesto como para poder llegar a ese ajuste", argumenta. Si bien, aclara que en tanto no se conozcan en septiembre las cifras concretas del Presupuesto para 2011 "no se podrá definir exactamente el ajuste que se va a tener que asumir".
Ni la SPA ni la RBE se toca
En el caso de los arrendamientos, la ministra de Vivienda defiende las medidas incluidas al respecto en el PEVR, pero especialmente la labor de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), que sigue siendo su 'ojo derecho'. Ensalza su eficacia y asegura que "sigue tendiendo al equilibrio presupuestario", aunque no le puso fecha. "Creemos que cuando se consolide la actividad de la SPA va a ser una sociedad que va a dar buenos resultados al Estado", ha añadido.
El compromiso del Gobierno es mantener la ayuda al alquiler de 210 euros mensualesPor otra parte, Corredor indica que es "evidente" la eficacia de la Renta Básica de Emancipación, pues ha permitido hasta la fecha la emancipación de más de 213.000 jóvenes, por lo que garanta que "el compromiso del Gobierno es mantenerla".
La rehabilitación, la gran prioridad
La titular de Vivienda ha enfatizado que el Gobierno "ha puesto toda la maquinaria del Estado en marcha" para impulsar la rehabilitación, pero recuerda que las ayudas dirigidas a esta actividad necesitan ser gestionadas por diferentes administraciones. "Los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y la que tiene mayor peso en la gestión de las ayudas", precisó.
En este sentido, tras señalar que la situación del sector inmobiliario es "óptima" para potenciar la rehabilitación, indica que "para que las rehabilitaciones se puedan hacer más eficientemente es necesario que lleguen rápidamente las ayudas".
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