Apelar a la importancia de aumentar el peso del alquiler en el mercado inmobiliario español se ha convertido ya en un tópico. Todos los responsables de vivienda -ya sea desde la creación de un ministerio específico o cuando el área estaba adscrita a otro departamento- han invocado esta necesidad.
Pero los hechos se han empeñado en desmentir las proclamas. Porque la proporción de hogares en alquiler se ha mantenido prácticamente inalterada, entre el 11% y el 13%. Muy poco, en comparación con el resto de Europa. El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves la ley con la que el Gobierno pretende dar un impulso definitivo a una modalidad que hasta ahora ha quedado como último recurso para las familias con ingresos más bajos o para los jóvenes que esperan dar el salto a la propiedad.
Bajo el paraguas de la ley de fomento del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios -aprobada con un inusual consenso político- se esconde en realidad la modificación de tres leyes. El ministerio que encabeza Beatriz Corredor ha impulsado el cambio de la ley de enjuiciamiento civil para facilitar los procesos de desahucio de los inquilinos morosos; la de arrendamientos urbanos para ampliar los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler; y la de propiedad horizontal para reducir el quórum necesario en las juntas de propietarios para aprobar obras en los inmuebles.
Los expertos consideran que estos cambios van en la buena dirección. Y de los tres, el más importante es el que trata de facilitar el proceso de desahucio, verdadera pesadilla para los propietarios que han tenido la mala suerte de topar con malos pagadores. Las dudas surgen cuando se les pregunta a los expertos si bastará con esto para que el alquiler deje de ser la hermana tonta del sector inmobiliario español.
"La nueva norma agiliza el proceso, pero no sé si los juzgados tendrán recursos económicos y humanos para aplicarla. Ahora, una demanda de desahucio tarda un mes en repartirse en Madrid. Si esto no se cambia, ése es un mes perdido", explica Fernando Rodríguez-Avial, presidente de Testa, la empresa patrimonialista del gigante de la construcción Sacyr Vallehermoso. En la misma línea apunta Arrenta, la asociación para el fomento del alquiler, que resalta la necesidad de mayor dotación de medios en los juzgados. Esta agrupación considera que la modificación se quedará en "papel mojado".
El economista Julio Rodríguez destaca la importancia de que a partir de ahora vaya a ser más fácil el acuerdo entre las dos partes. "El propietario podrá asumir el compromiso de condonar al inquilino total o parcialmente la deuda, a cambio del desalojo voluntario del inmueble. El ahorrador modesto que tiene su casita puede estar varios años hasta que el juez firme el edicto de expulsión, edicto que a veces dura un año tras la sentencia favorable", explica.
La efectividad de la decisión aprobada en el Parlamento dependerá, al fin, de que el alquiler deje de ser percibido por los inquilinos como una pérdida de dinero; y por los propietarios, como una lotería que puede salir muy mal en función de los arrendadores con los que se encuentre. El anuncio de que a partir de 2011 el alquiler y la propiedad recibirán el mismo tratamiento fiscal contribuirá a este objetivo. Porque, como comenta Rodríguez-Avial, casos como el de un propietario que tuvo que soportar tres años y medio para recuperar el piso sirven como elemento disuasorio en un país con más de un millón de viviendas vacías. Y es que seguro que el hombre que esperó tres años y medio para recuperar su casa se lo pensará un par de veces antes de volver a alquilarlo.
LUIS DONCEL
Pero los hechos se han empeñado en desmentir las proclamas. Porque la proporción de hogares en alquiler se ha mantenido prácticamente inalterada, entre el 11% y el 13%. Muy poco, en comparación con el resto de Europa. El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves la ley con la que el Gobierno pretende dar un impulso definitivo a una modalidad que hasta ahora ha quedado como último recurso para las familias con ingresos más bajos o para los jóvenes que esperan dar el salto a la propiedad.
Bajo el paraguas de la ley de fomento del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios -aprobada con un inusual consenso político- se esconde en realidad la modificación de tres leyes. El ministerio que encabeza Beatriz Corredor ha impulsado el cambio de la ley de enjuiciamiento civil para facilitar los procesos de desahucio de los inquilinos morosos; la de arrendamientos urbanos para ampliar los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler; y la de propiedad horizontal para reducir el quórum necesario en las juntas de propietarios para aprobar obras en los inmuebles.
Los expertos consideran que estos cambios van en la buena dirección. Y de los tres, el más importante es el que trata de facilitar el proceso de desahucio, verdadera pesadilla para los propietarios que han tenido la mala suerte de topar con malos pagadores. Las dudas surgen cuando se les pregunta a los expertos si bastará con esto para que el alquiler deje de ser la hermana tonta del sector inmobiliario español.
"La nueva norma agiliza el proceso, pero no sé si los juzgados tendrán recursos económicos y humanos para aplicarla. Ahora, una demanda de desahucio tarda un mes en repartirse en Madrid. Si esto no se cambia, ése es un mes perdido", explica Fernando Rodríguez-Avial, presidente de Testa, la empresa patrimonialista del gigante de la construcción Sacyr Vallehermoso. En la misma línea apunta Arrenta, la asociación para el fomento del alquiler, que resalta la necesidad de mayor dotación de medios en los juzgados. Esta agrupación considera que la modificación se quedará en "papel mojado".
El economista Julio Rodríguez destaca la importancia de que a partir de ahora vaya a ser más fácil el acuerdo entre las dos partes. "El propietario podrá asumir el compromiso de condonar al inquilino total o parcialmente la deuda, a cambio del desalojo voluntario del inmueble. El ahorrador modesto que tiene su casita puede estar varios años hasta que el juez firme el edicto de expulsión, edicto que a veces dura un año tras la sentencia favorable", explica.
La efectividad de la decisión aprobada en el Parlamento dependerá, al fin, de que el alquiler deje de ser percibido por los inquilinos como una pérdida de dinero; y por los propietarios, como una lotería que puede salir muy mal en función de los arrendadores con los que se encuentre. El anuncio de que a partir de 2011 el alquiler y la propiedad recibirán el mismo tratamiento fiscal contribuirá a este objetivo. Porque, como comenta Rodríguez-Avial, casos como el de un propietario que tuvo que soportar tres años y medio para recuperar el piso sirven como elemento disuasorio en un país con más de un millón de viviendas vacías. Y es que seguro que el hombre que esperó tres años y medio para recuperar su casa se lo pensará un par de veces antes de volver a alquilarlo.
LUIS DONCEL
